(CNN Español) – La fiscalía de Ecuador pidió a inicios de esta semana asistencia penal a 12 países para investigar la información bancaria del expresidente Rafael Correa y de casi 30 exministros, funcionarios y empresarios que durante su gobierno participaron en la preventa de petróleo a China y Tailandia a cambio de líneas de crédito.
Paúl Pérez, fiscal general, solicitó a Asuntos Internacionales que recabe información bancaria y la constitución de empresas en los siguientes destinos: EE.UU., Suiza, Suecia, Alemania, Australia, Nueva Zelandia, Panamá, Bahamas, Uruguay, Dubai, Islas Vírgenes Británicas e Islas Vanuatu.
El fiscal pide certificaciones que señalen si las personas investigadas tenían o mantienen hasta hoy cuentas en alguna de las instituciones financieras.
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Tras este pedido de asistencia penal de la Fiscalía, CNN se comunicó con Fausto Jarrín, uno de los abogados del expresidente Rafael Correa, quien señaló que el exmandatario considera que la indagación previa de la Fiscalía “no se ajusta a los mínimos parámetros jurídicos y penales” y que siempre que el fiscal actúe en derecho “puede buscar donde considere las cuentas que crea, pues no tiene nada que ocultar”.
En febrero de este año, la contraloría de Ecuador confirmó el hallazgo de indicios de responsabilidad penal en los contratos de venta anticipada de petróleo suscritos entre las empresas estatales Petroecuador y Petrochina, entre 2012 y 2016. En ese mismo mes, el expresidente Rafael Correa rindió su versión libre y voluntaria ante la fiscalía y únicamente reconoció haber firmado una de las operaciones en 2010 y no las siguientes que se concretaron hasta 2016. Según Correa, ya no se requería la autorización del presidente y calificó como una “barbaridad” que se le pretenda vincular.
Otro de los exfuncionarios a los que la fiscalía pide el rastreo de posibles cuentas bancarias es al exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una condena de 6 años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro de la trama de sobornos de Odebrecht. CNN contactó a Eduardo Franco Loor, abogado del exvicepresidente Glas, quien indicó que este pedido del fiscal lo toma con tranquilidad porque se trata de “gente honesta”.
Según el activista político Fernando Villavicencio, uno de los denunciantes de este caso, la preventa petrolera a China y Tailandia a través del sistema de intermediación, habría provocado un perjuicio al estado de alrededor de 2.200 millones de dólares. Villavicencio presentó el caso ante la fiscalía en enero de este año y también fue llamado a rendir su versión.
Villavicencio dijo a CNN este miércoles que estas diligencias solicitadas por la fiscalía servirán para aportar con más información, pues asegura que “se trata de uno de los casos de corrupción más grandes de Ecuador que no se compara ni siquiera con la trama Odebrecht”.
